Mauricio Lizcano y Gloria Cuartas en la última sesión de la Csivi. Foto: Twitter Mauricio Lizcano

La influencia de Mauricio Lizcano en la implementación del acuerdo con las Farc es poco conocida. A pesar de que las instituciones de la paz están bajo la sombrilla del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), los anteriores directores no habían tenido el poder de Lizcano en las decisiones de la paz. En cambio, el secretario general del presidente Gustavo Petro lo ha acumulado en silencio, en decretos que él mismo ha firmado a instancias del Alto Comisionado, Danilo Rueda.

Esto lo ha convertido en un jugador clave en un sector que gastará según el plan de desarrollo alrededor de 50 billones en el cuatrienio. Se trata de facultades que han crecido en paralelo al rol menor que está jugando Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación. Esta unidad que debe impulsar lo pactado con las Farc quedó debajo del comisionado Rueda, y sin todos los poderes que antes tenía el alto consejero para la estabilización, Emilio Archila.

“El cambio que hay es que en vez de ser alta consejera pasa a ser directora de la Unidad, y eso porque lo pidió el comisionado. El resto es exactamente igual”, le dijo Lizcano a La Silla sobre los cambios en la implementación. Sobre su rol dice que solo está haciendo “supervisión para que se ejecute rápido” y “ayudando en la estructuración de políticas para la ejecución”.

Sin embargo, esto no es claro para los actores claves de la paz. Ni siquiera para los exfarc delegados para la implementación. “No sabemos con quién va a hacer la articulación interinstitucional. ¿La va a hacer Gloria Cuartas o Mauricio Lizcano? Nosotros tenemos confianza en ambos, pero hay que definir cuál va a ser”, dice Manuela Marín, delegada de Comunes a la Csivi.

Se trata de una confusión que comparten otros actores, como algunos de la comunidad internacional. El cambio ha contribuido a que, a pesar de la nueva voluntad, la implementación con Petro aún no despegue. La Silla buscó a Cuartas pero hasta el momento de publicación no hubo respuesta.

El poder del secretario general de Petro empezó con la reestructuración del Dapre, el nombre que tiene la entidad administrativa de la presidencia. Este es un proceso común al inicio de cualquier gobierno, porque es la forma como el presidente define la estructura de su equipo de trabajo más cercano.

Ese cambio también era clave para la institucionalidad de la ambiciosa política de paz total, con la que Petro prometió implementar integralmente el acuerdo de paz. Para eso eran importantes los cambios en la Oficina del Alto Comisionado de Paz y la Consejería de Estabilización, encargada de la mayoría de la implementación en la era Duque.

Como el presidente anunció que acogería las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad, se esperaba un fortalecimiento institucional, porque una de las propuestas era crear un ministerio para la paz. Y así comenzó el equipo de empalme a analizar la reingeniería para implementar el acuerdo.

Según una fuente del equipo del empalme de paz de Petro, que pidió no ser citado para hablar libremente, se analizaron tres escenarios: crear un ministerio, aunque no lo recomendaban por la demora y el costo; crear un sector robusto de paz en la presidencia, articulado por el alto comisionado, que era la recomendación del equipo; o dejar todo igual.

La opción fue hacer la reestructuración del sector en la presidencia, y el funcionario encargado de hacerlo era Lizcano, un abogado de 46 años, que combina la política menuda regional en Caldas con la tecnocracia aprendida en MIT. “El comisionado de paz me pidió a mi: ‘yo quiero que la implementación dependa de mí, porque yo soy el líder de la política’”, explica Lizcano.

En el decreto 2647 de 2022, firmado por Lizcano para reestructurar el Dapre, esto se hace realidad. Se eliminó la consejería de la estabilización, que era la entidad clave de la política de “paz con legalidad” de Duque, y en su lugar, se creó la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz. Esta quedó debajo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que encabeza Danilo Rueda, y dirigida por Gloria Cuartas.

Para el secretario general eso de entrada está mal diseñado. En conversación con La Silla dice que contrataron una consultoría que está evaluando la posibilidad de que las entidades de la paz salgan del Dapre: “Con el presidente estamos trabajando fuertemente para que se cree algo como un instituto de paz y que esto salga de la presidencia”, dice, sobre planes aún no consolidados.

Por ahora, el efecto del decreto es otro. Aunque aniquiló la oficina de la implementación de Duque, ni en el papel ni en la práctica no le heredó todas las funciones de Archila a la directora Cuartas.

Esto se debe a que la Alta Consejería de la Estabilización de Duque concentró funciones dispersas de vicepresidencia, del alto comisionado para la paz e incluso de algunos ministerios. Y según le dijeron a La Silla dos fuentes con información de cómo funcionaba esa entidad, la consejería no dependía del director del Dapre ni de su influencia.

Aunque Lizcano afirma que “el Dapre siempre ha sido el líder del sector, eso no me lo inventé yo”, en la práctica, más allá de la reestructuración, el actual secretario general ha logrado tener poder e influencia en instancias de decisión clave. Como lo muestran estos tres decretos firmados por él mismo:

Estas tres designaciones le dan influencia directa Lizcano sobre los planes de implementación (Csivi), la definición de los proyectos en las regiones (ART) y la plata que se aprueba para la implementación (Fondo Colombia en Paz).

Lizcano le dijo a La Silla que su papel en esas juntas es de revisión, pero que la política está en cabeza del comisionado de paz. “Presido esa junta porque soy el líder del sector. Y de alguna otra manera tengo que responder por la parte financiera del sector porque yo soy el ordenador del gasto, pero no yo no manejo la plata de la paz”, afirma sobre el fondo.

Lizcano también admite que fue él quien llevó al actual gerente del Fondo Colombia en Paz, Camilo Cetina, por su hoja de vida y su larga carrera en asuntos de transparencia. “ Es un crack”, dice sobre este relacionista público que viene de trabajar en Usaid. Según una fuente con información directa, pero que pidió no ser citada para no meterse en problemas con “uno de los hombres más poderosos de palacio”, Lizcano le pidió a Cetina crear una propuesta para abrir en el Fondo una subcuenta que fuera manejada directamente  por el Dapre

Cetina le dijo a La Silla que esto es cierto, pero que lo hizo en calidad de secretario de la junta directiva del fondo y que es su deber tramitar los requerimientos de los miembros de junta.

De acuerdo a un documento presentado al consejo directivo, la intención de Lizcano no era quedarse revisando el gasto, sino influir directamente con un subcuenta que podría financiar proyectos como vías terciarias y redes de transmisión eléctrica. Sin embargo, Lizcano le confirmó a La Silla que no logró su la aprobación de lo que llamó “solo una idea”.

Por último, según el proyecto del PND, hay dos artículos que le darían más poder al Dapre. El artículo 8, se encarga de definir los lineamientos para aplicar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, como los referentes a la implementación. El artículo 9, le da el poder de aprobar las modificaciones a los acuerdos de sustitución de cultivos ilícitos, un programa que en el gobierno Duque ejecutó 2.1 billones de pesos. Este último artículo fue pedido por el director del Pnis, según el propio Lizcano.

“Efectivamente sobre los temas financieros y otros temas que son fundamentales para la implementación, la interlocución es con el director del Dapre”, dice Manuela Marin, delegada de Comunes, el partido de las Farc creado después del acuerdo, ante la Csivi.

Y sobre eso, el secretario general es más claro sobre el por qué de su influencia en la plata de la paz. “Si Danilo comete un error en una negociación, yo no tengo nada que ver. Pero si hay algún problema con alguna plata, pues el problema le queda al Dapre. Yo tengo que verificar que todo vaya bien”, dice.

Según el informe de la Comisión de la Verdad, el estado de la implementación durante el gobierno Duque se estancó. “La lenta y parcial implementación de lo pactado, sumada al recrudecimiento de la violencia en algunas zonas, han obstaculizado la posibilidad de avanzar decididamente hacia la construcción de paz”.

Así recibió el gobierno de Petro la responsabilidad de cumplir lo pactado y se comprometió a darle un nuevo impulso y cumplir integralmente los acuerdos con las Farc. 

Pero, a los expertos en el acuerdo les preocupa la demora para cumplir esa promesa. “Desafortunadamente, casi siete meses después vemos que ese compromiso se ha quedado en el discurso”, le dijo a La Silla el senador Humberto De la Calle, ex-negociador del gobierno Santos con las Farc.

Ese retraso se ve reflejado en el nombramiento del funcionario encargado de la implementación. Solo hasta octubre de 2022 llegó Gloria Cuartas, una política con una larga carrera en la izquierda y los derechos humanos, que fue nombrada sin tener cargo. Apenas en diciembre fue creada la Unidad de Implementación, y Cuartas sólo se posesionó hasta el pasado 24 de enero.

Cuando llegó Cuartas encontró una unidad con poca autonomía en sus funciones de articulación de la implementación.

“Se creó una unidad que depende del comisionado de paz, entonces ahí está la discusión de Gloria Cuartas con el comisionado Rueda. Esa no es una discusión conmigo. Es entre ellos”, dice Lizcano sobre la situación.

Según una persona que estuvo en la planeación inicial de la implementación, el mayor problema fue que a la unidad no le dieron las funciones que tenía Archila. “En la realidad todas las funciones de jalonar, coordinar, liderar las tiene el Dapre, todas”, dice la fuente.

Esto ha sido criticado por el mismo componente de los exfarc en la Csivi. “Hemos advertido al gobierno, desde que supimos de ese ajuste, que nos preocupa la autoridad y la capacidad de decisión y ejecución que pueda tener la unidad”, dice Manuela Marín de Comunes.

Esto mismo le dijo Gloria Cuartas a los magistrados de la JEP, en una audiencia el pasado martes: “Estamos en la revisión de nuestro funcionamiento para poder responder a las responsabilidades de la Consejería para la Estabilización”. Lizcano dice que esos ajustes ya fueron enviados a ella el fin de semana pasado.

Que el poder de la implementación se haya acumulado en el Dapre de Lizcano se debe también a que Danilo Rueda ha cedido el suyo.

En ese sentido el senador De la Calle dice: “Es difícil imaginar cómo la implementación va a ser una prioridad en el alto comisionado cuando en este momento son los responsables de las múltiples negociaciones. Aunque este propósito es loable, la oficina responsable debe ser una entidad independiente y robusta”.

Y sobre el lugar de la implementación del acuerdo en la política de paz total del gobierno los magistrados de la JEP se han mostrado preocupados. El pasado martes, en la audiencia en la JEP —que estaba enfocada en conocer las acciones para garantizar la seguridad de los firmantes— el magistrado Gustavo Salazar lo preguntó directamente: “¿La paz total puede ir en desmedro del acuerdo de 2016?”.

La respuesta del comisionado Rueda fue inmediata: “No para nada, si no cumplimos el acuerdo de paz no tenemos nada que hacer”. Y reiteró lo que minutos había dicho sobre la implementación de lo pactado con las Farc.

“Si este acuerdo de paz fracasa estaremos abocados a nuevos años de violencias, mucho más desdibujadas, mucho más escabrosas y terribles de lo que hemos experimentado. Esta afirmación que aparece como apocalíptica, es solo la visión realista de lo que está sucediendo”, dijo Rueda.

El poder para que eso no ocurra ahora también recae en Lizcano. 

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